¡Cuidado, inmigrantes en EEUU! Esto es lo que pasa con los DETENIDOS que no pueden ser DEPORTADOS tras 90 días

¡Atención, extranjeros! Cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detiene a un inmigrante, este permanece bajo custodia hasta que se emita una orden de deportación. A partir de ese momento, la agencia cuenta con un plazo de 90 días para llevar a cabo la expulsión del país americano.

Aunque la mayoría de los casos culminan con la deportación, existen situaciones en las que, transcurrido este período, el inmigrante no es expulsado. En tales circunstancias, se considera la posibilidad de una alternativa a la custodia. Cabe añadir que el extranjero detenido puede optar por esta alternativa siempre que cumpla con los requisitos establecidos. Conoce más en esta nota.

ATENCIÓN, inmigrantes. Medios internacionales revelan información importante sobre la alternativa que puedes tomar al no ser deportados en 90 dias: Si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no logra deportar a un inmigrante en un plazo de 90 días, la agencia tiene la opción de liberarlo bajo supervisión, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

Al finalizar este período, el inmigrante recibe un aviso denominado "Revisión de custodia posterior a la orden" (Post-Order Custody Review o POCR), en el cual se le solicita que proporcione información relevante a ICE.

Entre los documentos requeridos se incluyen datos biográficos, detalles sobre lazos familiares en Estados Unidos y cartas de apoyo de miembros de la comunidad, empleadores o amigos.

Esta información es fundamental para que ICE evalúe la posibilidad de liberar al inmigrante bajo supervisión, siempre que no represente un riesgo para la seguridad del país americano.

Fuentes cercanas al posible acuerdo indican que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podría solicitar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) la verificación de direcciones de inmigrantes, utilizando la información fiscal para confirmar la ubicación de aquellos en proceso de deportación.

Aunque se asegura que el acceso a estos datos será limitado y solo podrá ser solicitado por altos funcionarios del gobierno, la propuesta ha generado inquietudes sobre la privacidad y el uso de información tributaria con fines migratorios.

La iniciativa ha recibido críticas de defensores de los derechos civiles y miembros del Congreso, quienes advierten que este acuerdo podría socavar la confianza de los inmigrantes que cumplen con sus obligaciones fiscales, temiendo que su información personal sea utilizada en su contra.