ICE se fortalece: ESTE CONDADO de Florida enfrenta 10.000 órdenes de deportación de inmigrantes indocumentados

El condado de Orange, Florida, se convirtió en un punto clave de la política migratoria de Estados Unidos tras recibir 10,000 órdenes de deportación emitidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta cifra, considerada alarmante, ha generado preocupación entre los residentes, reflejando una mayor colaboración entre las autoridades locales y federales en asuntos migratorios.

El condado ha optado por colaborar con ICE bajo la presión de evitar la sobrecarga en las cárceles locales, mientras se ajusta a las estrictas normativas del gobierno estatal. Sin embargo, esto ha causado una ola de incertidumbre entre los habitantes, quienes temen que estas políticas puedan afectar negativamente su seguridad y bienestar.

Como parte de este acuerdo, se capacitará al menos a 17 funcionarios correccionales del condado de Orange para que trabajen junto con los agentes de ICE. La capacitación tiene como objetivo que los oficiales locales adquieran las habilidades necesarias para identificar y procesar a inmigrantes indocumentados.

Aunque esta colaboración es legal, ha generado críticas por parte de defensores de los derechos humanos, quienes advierten sobre el posible incremento de la discriminación racial y el perfilado en las comunidades. Además del impacto directo en los inmigrantes que podrían ser deportados, el acuerdo también tiene consecuencias para las familias que dependen de estos trabajadores indocumentados.

El condado de Orange no es el único en Florida que ha adoptado medidas similares. Ajo la administración de Ron DeSantis, varias ciudades y condados de Florida, como Miami Dade, Tampa y Jacksonville, han firmado memorandos de entretenimiento con ICE para intensificar el control de la inmigración.

Estas medidas han situado a Florida en el foco del debate nacional sobre la gestión migratoria y las políticas de deportación. Esto ha generado un clima de tensión en la región, ya que, mientras las autoridades estatales defienden la importancia de garantizar la seguridad pública y hacer cumplir las leyes federales, los activistas proinmigrantes alertan sobre el peligro de criminalizar a amplios sectores de la población.